( Cobertura Colaborativa).-Este texto es parte de la cobertura colaborativa realizada por FM Alas, nómadas comunicación feminista, La manija, Radio La Negra, Prensa del Pueblo ANPP, Américo Fogón, Revista Cítrica y Antimafia 2000.
Pasaron casi 4 años desde aquel 10 de enero de 2017 en la Pu Lof Resistencia Cushamen, en Chubut. El mismo escenario de la desaparición forzada de Santiago Maldonado el 1 de agosto, había comenzado el año con violencia. Aquel día y el siguiente, hubo un operativo policial con al menos 10 personas detenidas que fueron golpeadas, amenazadas, torturadas y desaparecidas por algunas horas, cuando entre traslados y actuaciones judiciales no se sabía de su paradero.
Cinco de ellas llegaron a juicio oral federal, imputadas por interrupción de la vía pública y tenencia de material explosivo, en una causa plagada de irregularidades y falsos testimonios donde quedó al descubierto el gran entramado político, policial y judicial que sostiene el Estado para seguir hostigando a las comunidades mapuche tehuelche. No es casual que todo el proceso haya comenzado en tiempos de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad.
Casi cuatro años después, el juicio federal impulsado por el juez Enrique Guanziroli de Comodoro Rivadavia, se llevó adelante con lxs cinco imputadxs siguiendo las tres jornadas de audiencias en el Centro Cultural Eduardo Galeano del El Bolsón.
Ivana Huenelaf, Elisa Ose Ñancunao, Gustavo Jaime, Javier Huenchupan y Jorge Buchile, a pesar de estar ubicadxs en el lugar de acusadxs, fueron las verdaderas víctimas en aquellos días violentos. Lo que quedó demostrado en los tres días de juicio oral y público (a partir del desfile de testimonios propiciado por el Ministerio Público Fiscal) es que lxs imputadxs tenían razón en su denuncia pública desde los hechos sucedidos en enero de 2017: fueron emboscadxs por personal de la compañía Tierras del Sud Argentina SA (la empresa de Luciano Benetton que ocupa el territorio ancestral de la Pu Lof) y por miembros de la Policía de Chubut, quienes les dispararon con balas de plomo, lxs detuvieron, golpearon y torturaron.
Previamente habían ido a juicio provincial siete de lxs diez, imputadxs por resistencia a la autoridad, abigeato, daños, corte de ruta y uso de explosivos. De la mitad de esos cargos fueron absueltxs durante 2018 y 2019 por "ausencia de delito" y "falta de pruebas". Sin embargo, debieron enfrentar un juicio federal.
El resultado se conoció en la jornada de hoy: el Ministerio Público Fiscal a cargo de Teodoro Nürberg y Mariano Ignacio Sánchez retiró sus imputaciones y el juez Enrique Guanziroli dictó las absoluciones de las cinco personas. A su vez, se ordenó avanzar en la investigación por falso testimonio de los policías que prestan servicio en Chubut, Cristian Amed y José Leonardo Fernandez, y el ayudante de mayordomo de la estancia de Benetton, Gonzalo Graña.
Fue un triunfo de la lucha del pueblo mapuche-tehuelche pero el proceso también deja el sabor amargo de que las verdaderas víctimas (hay una causa abierta en la Justicia Federal por las detenciones, los golpes y las torturas que, a diferencia de la otra, no avanza) tuvieron que pasar por el recuerdo de aquellos días violentos.
Ivana Huenelaf, una de las imputadas, le habló al Juez sobre las secuelas de este episodio que sirvió de antesala para la desaparición forzada de Santiago Maldonado: “Este juicio es una de las secuelas. Estos cuatro años de audiencias, de tener que explicar mil veces lo mismo, de remover hasta el último detalle de las mentiras que se han dicho en boca de los agentes estatales de la injusticia”.
Las voces de las verdaderas víctimas
Las audiencias del juicio dejaron al descubierto el montaje de las fuerzas policiales y la complicidad de fiscales y jueces que han pasado por la causa. Pocas veces es posible escuchar a las verdaderas víctimas: no pudimos escuchar a Santiago, ni a Rafaél Nahuel. Cuando el Estado no mata, criminaliza y enjuicia.
Aquí se oyeron las voces de lxs imputadxs y también las contradicciones, olvidos y falsos testimonios de los testigos (la mayoría policías). Las personas que sufrieron la violencia estatal en enero de 2017, como dijo la jueza penal de Esquel Carina Estefanía en la sentencia donde se juzgó la misma causa y les absolvió por los mismos hechos: “salvaron su vida milagrosamente”. Ahora pudieron contar y escucharlas fue valioso para construir memoria social.
El Dr Edgardo Manosalva, abogado defensor, expresó en la previa al alegato final: “Sé positivamente que va a haber una reparación, una reparación de contextualizar, de poner las cosas en su lugar y, sobre todo, consistente en darles a ellos definitivamente el estatus de víctimas de tortura y sadismo institucional, que es el estatus que siempre debían haber tenido. Yo creo que sí hay muchísimos elementos para reabrir la causa que está archivada a partir de las denuncias (contra los policías que intervinieron) que los siete hicieron. Y los trataron mal a ellos que venían de ser víctimas, que debieron haber sido tratados con algodones… totalmente, no, los llevaron al calabozo con más olor a mierda, olor a pata, olor a chivo que hubiera de toda la historia y a vómito… entonces eso les dio el Estado de premio. Tuvieron ellos que limpiar su propio calabozo para poder respirar, y yo lo viví porque tuve que entrar a entrevistarlos... infrazoológicas las condiciones. Entonces creemos que es hora también de esa reparación, que recién ahí va a permitir sanar”.
En un fragmento de su declaración, Elisa Ose Ñancunao manifestó: “(Después de la represión del 10/1/2017) Fue la primera vez que sentí esa emoción y esa impotencia. No pasaron muchos meses después cuando lo volví a sentir, cuando detuvieron al lonko de esa comunidad, y no pasaron muchos días cuando pasó la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Como si fuera poco, el 25 de noviembre de ese mismo año, en la comunidad Lafken Winkul Mapu, asesinaron por la espalda al lamien Rafael Nahuel Iem. Yo no sé qué resultado va a tener este juicio, lo que si sé es que si tengo que volver a acudir a ayudar a mis lamien, lo voy a volver a hacer las veces que sean necesarios. No va a haber ley huinca que me lo impida”.
Sobre la acusación contra su persona (por corte de ruta), dijo: “Había muchas personas que estábamos ahí, pero casualmente las personas que identificaron fuimos las mujeres mapuche, porque vestíamos nuestros atuendos y porque tenemos cara de mapuche, porque lo somos. Es la única razón por la cual se nos acusa a nosotros. Lo vivencio como una prueba racista: la Policía que tomó los registros se dejó influenciar por cuestiones racistas”.
También se refirió a la persecución que sufren: “Entiendo que ésta no va a ser la última circunstancia que vamos a atravesar, porque desde hace varios años se ha potenciado la persecución hacia mi pueblo, hacia todos los que luchamos y visibilizamos nuestros reclamos, hacia todos los que intentamos darles una vida mejor a nuestros pichikeche (niñxs) y a nuestros viejos. Espero que la Justicia revea cuando lea un expediente, antes de elevarlo a juicio, que no estén interpeladas y viciadas esas pruebas por el racismo”.
A través de la computadora portátil utilizada por lxs imputadxs en el juicio, Ivana Huenelaf sumó su palabra: “Señor juez, que se den la posibilidad de vernos, de porqué recuperamos los territorios. Que la Justicia no siga siendo tan ingrata con los pueblos y sobre todo con las mujeres y con los niños. ¿Sabe, señor juez, cuál es el gran problema de todo esto? Es esto: queremos territorio para vivir, para desarrollarnos, queremos vivir con nuestra cosmovisión ancestral. Nosotros no necesitamos el capitalismo para desarrollarnos, necesitamos el territorio, el agua, el aire, eso necesitamos. Eso es lo que luchamos las mujeres y siempre venimos siendo judicializados y perseguidas. Los terratenientes nos sacan los territorios, los que tienen plata. Mi abuelo se quedó en la estancia trabajando de cocinero para Benetton para no irse del territorio… si ustedes como Justicia no ven esto… Que se den la posibilidad de escucharnos, empezar a ver la justicia con perspectiva de pueblos originarios, saber que en los territorios no se puede entrar a los balazos porque tenemos lugares sagrados, antiguos, antes que la Justicia, como no decir que esta Justicia es patriarcal, racista. Hace más de una docena de audiencias que vengo y todavía se me sigue juzgando. ¿Cuántos policías muertos? ¿Cuántos baleados? Nosotros tenemos un pueblo que nos han matado en un genocidio que aun hoy no se reconoce. Nos faltan lágrimas para llorar tanto dolor cuando hay allanamientos, cuando nos matan a nuestro lamien por la espalda, cuando desaparecen a nuestras lamien”.
Ivana también dejó claro su deseo: “Habrá un momento en que la justicia huinca, su justiciam va a vernos y escucharnos. Es momento, estamos pidiendo cambios y no solo los pueblos originarios... ¡la naturaleza está pidiendo cambios!”.
