La Iniciativa Popular, campaña lanzada el 22 de junio en toda la provincia de Chubut, es un mecanismo de democracia semi directa, establecida en la Constitución Provincial, por el cual un porcentaje de la población (3% del padrón) puede presentar proyectos de ley para que sean tratados en la Legislatura. Una vez juntadas las firmas, primero se la presenta al Tribunal Electoral, y después que el tribunal la revisa, pasa a la Legislatura, que tiene seis meses para tratarla.
El proyecto de ley pretende “establecer parámetros de sustentabilidad ambiental en las explotaciones mineras”, según indica su título, “garantizar el cumplimiento en la actividad minera de los principios ambientales preventivo, precautorio, de sustentabilidad y de equidad intergeneracional establecidos en la Ley Nacional N° 25.675, así como también, garantizar el uso racional y sustentable de los recursos naturales, proteger los recursos hídricos, mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos, posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo y remediar el impacto ambiental producido a la fecha", entre otros puntos.
“El pueblo chubutense tiene como uno de sus puntos centrales históricos la defensa de sus bienes comunes, de la naturaleza y la articulación del pueblo con la tierra que habita”
Además, según resumen desde la Unión de Asambleas de Comunidades del Chubut (UACCH), “prohíbe, en todas sus etapas, la minería metalífera y de minerales radioactivos (como el uranio y el torio) que utilice cualquier sustancia química contaminante, tóxica o peligrosa”, que ponga en riesgo todas las formas de vida del territorio".
Ante la voracidad inmobiliaria y el extractivismo, la resistencia
“¡Qué no hemos hecho!”, recapitula Nina D'Orazio, maestra y bibliotecaria jubilada, quien participa desde el inicio del movimiento No a la Mina de Esquel. “En 2002 recuerdo la sala de profesores de la escuela donde yo trabajaba dando Lengua. Los comentarios eran ‘andá a anotarte a la minera porque va a haber movimiento, no sabés qué movimiento’. Yo había llegado a la ciudad con mi marido en el 99', así que teníamos que asentarnos, tener trabajo, y todos me decían que vaya a anotarme a la minera porque yo sabía algo de inglés. A la semana Marta Sahores y Silvia González Román, docentes universitarias, fueron a la tele y con una cafetera, de esas con filtro, nos explicaron cómo iban a sacar el oro de la montaña, la cantidad de cianuro que iban a usar, el dique de cola, la lixiviación, todo. Ellas fueron fundamentales, porque nos abrieron los ojos. Al otro dia, armamos una asamblea con más de 600 personas en la escuela ex Normal, donde el grito unánime fue el No a la Mina”.
“Al principio costaba ponerse de acuerdo, porque había muchos del PJ, radicales, troskos, había de todo. Lo que nos unió fue ese 'No' al destino que nos querían imponer en Esquel. Y ahí empezó. El 4 de diciembre de 2002 iban a presentar la audiencia pública del proyecto "Cordón Esquel, de la Empresa Meridian Gold (que en 2008 vende a Yamana Gold y cambia el nombre a “Proyecto Suyai”). Como esa instancia ya suponía que estaba avalada por el Gobierno, hicimos una marcha de 5 cuadras y no le permitimos hacerla. Desde entonces marchamos todos los 4 de cada mes”, cuenta Nina, orgullosa.
“El pueblo chubutense tiene como uno de sus puntos centrales históricos la defensa de sus bienes comunes, de la naturaleza, de la articulación del pueblo con la tierra que habitan”, nos explica Gonzalo Pérez Álvarez, doctor en Historia e investigador del CONICET y de la UNP San Juan Bosco. “En todos los casos, las respuestas del movimiento ambiental se dieron contra proyectos que se intentaron imponer desde el Estado Nacional o desde las grandes corporaciones empresarias. Es importante resaltar el laburo de las asambleas y del movimiento ambiental, su práctica pedagógica, explicativa, de enseñanza, de difusión de sus principios. Una pedagogía constante que fue permeando distintos sectores sociales. Hoy, como una característica destacable, muy propia de Chubut, el movimiento ambiental ha llegado profundamente a los sectores trabajadores”.
Respecto aquella primera campaña No a la mina, Nina recuerda: “Al principio éramos unas 150 personas recorriendo los barrios, llevando un tríptico que se llamaba ´vecinos informan a vecinos´, donde explicábamos que iba a ser un saqueo, porque no quedaba nada para la provincia, que iba a ser la destrucción del Cerro Tres Torres y que iban a usar millones de litros de agua mensualmente, durante años, siendo que en verano nosotros no tenemos mucha y siempre nos estan restringiendo el riego. En definitiva, que era económica, social y ambientalmente insustentable”.
Cuando la población de Esquel se enteró cómo iba a ser sacado el oro, dejó en claro su rechazo. En el plebiscito de 2003, el 81 por ciento votó No a la Mina. “Fueron más de 11 mil votos, entre los que había alrededor de 6 mil desocupados. Incluso votó más gente que para las elecciones, como el 70 % del padrón”, recuerda Nina.
Fue ante semejante manifestación popular, que las noticias llegaron al resto a la provincia. “Hasta ese momento, solamente en Esquel se blandía la bandera del No a la mina. Al resto de las ciudades no les llegaba el informe. Las noticias, los diarios de la provincia no mostraban lo que pasaba acá. No sé cómo hicimos, pero en 2003 votaron la ley 5001, (denominada ahora XVII-Nº 68) que prohíbe la minería a cielo abierto con uso de cianuro”.
"En la provincia existe una sintonía y articulación entre el movimiento ambiental, el movimiento de los trabajadores y otros movimiento sociales como el movimiento feminista y la lucha y reivindicaciones de los pueblos originarios. Estas articulaciones permiten que las movilizaciones contra la megaminería contaminante no queden como un supuesto reclamo aislado sino que muestra su enlazamiento y unidad con la lucha, en definitiva, por una vida digna y liberada de toda explotación u opresión”, afirma Pérez Álvarez.
Paralelamente, con sus acercamientos y distancias, la lucha de las comunidades mapuche y mapuche-tehuelche por recuperar o preservar sus territorios ancestrales y la relación de respeto y reciprocidad que son base de su espiritualidad, también formaron parte del proceso de concientizaciòn de la población de Chubut.
“Cuando retornamos a nuestros principios ideológicos, filosóficos y espirituales, estamos reafirmando de qué manera queremos vivir nosotros en nuestro territorio y para qué. Cuando hablamos de control territorial significa controlar ese espacio a partir de las normativas que nos impone la naturaleza, normativas milenarias. Ese control debe tener base o sustento en esas normativas. Nada tiene que ver con la propiedad privada”, dice Mauro Millán, lonko del Lof Pillan Mahuiza, en la región de Corcovado.
Valeria Belozerkovsky, del colectivo Nómadas Comunicación Feminista, explica que “la lucha contra el extractivismo es también contra el patriarcado. Desde los feminismos comunitarios creemos que la vida en comunidad es una relación de respeto entre todas las personas y con la naturaleza. Existe un entretejido de memorias de lucha y resistencia que sostienen y brindan herramientas para pensar los caminos a seguir. En territorios amenazados por la voracidad inmobiliaria, el extractivismo, la negación de la preexistencia de un pueblo ancestral, el racismo y las formas de violencia hacia las mujeres e identidades disidentes, existe una resistencia y una forma de habitar, en la que buscamos construir redes de acuerpamiento y acompañamiento”.
¿Qué pasó con la Primera Iniciativa Popular?
En 2014 se presentó en la Legislatura, donde se trató el 25 de noviembre de ese mismo año, el último día de plazo. “Aquella vez nos robaron la democracia, cometieron impunemente un fraude legislativo, torciendo así la voluntad del pueblo y aprobando por 15 votos a favor una ley que elles, durante el transcurso de la sesión, transformaron en ley minera. Les legisladores actuaron influenciades por empresarios mineros, tal como se pudo observar en la foto en la que se plasmaba el intercambio de mensajes entre el diputado Muñiz y Gastón Berardi, gerente de Yamana Gold", recuerda un texto escrito por diferentes asambleas de la provincia.
La fotógrafa Evelin Oyarzo, integrante de la UACCH, es autora de la imagen que se viralizó, en la que se ve al diputado del PJ Gustavo Muñiz recibiendo indicaciones de la minera Yamana Gold para modificar los artículos de la Ley presentada por el pueblo chubutense.
“Cuando entramos a la Legislatura, los diputados empezaron a acomodarse en sus asientos y yo desde el palco comencé a hacer zoom. Uno de ellos era Muñiz, en una de las hojas que estaba leyendo decía que su voto sobre el proyecto era positivo, lo cual me pareció rarísimo. Si bien contamos con que algunos diputados podrían llegar a votar a favor de la IP, porque siempre se habían manifestado en contra de la megaminería, a él no see nos hubiera ocurrido contarlo. Luego de eso, él tomó el celular y yo saqué esa única foto, que después se difundió. Me puse a leer qué decía el mensaje de texto y le mostré la foto a una compañera que estaba al lado mío. Yo tenía tan naturalizado que los gobiernos y las mineras transan, que entonces no le di importancia y tampoco se la mostré a nadie más. Filmé el comienzo de la sesión y me quedé sin batería. La última foto que yo sacó es la de Muñiz y para esto, las compañeras que estaban abajo no me podían alcanzar mi bolso donde tenía el repuesto porque ya estaban reprimiendo. Se sentía el gas pimienta hasta dentro de la Legislatura”.
"Existe una sintonía y articulación entre el movimiento ambiental, el movimiento de los trabajadores y otros movimiento sociales como el movimiento feminista y la lucha y reivindicaciones de los pueblos originarios"
Es que mientras dentro del recinto los diputados tergiversaban el proyecto y lo convertían en una ley minera, afuera las compañeras y compañeros de las asambleas eran reprimidos con perros, gases y palos.
“Cuando terminó la sesión se sentía la tristeza. Toda la fiesta anterior eran llantos, bronca, decepción. Me fui con un gusto amargo. No entendía mucho qué había pasado. Cuando me pongo a seleccionar el material que iba a subir a Facebook, empecé a llorar. Y borré todas las fotos, dejé solo la de Muñiz. Escribí algo sobre él y los 14 diputados que habían votado esta truchada y me fui a dormir”, recuerda Evelin.
Al día siguiente el abogado ambientalista Enrique Viale vio la imagen y la viralizó en Twitter, y un compañero de Esquel se dio cuenta que “Gastón Ber…” (como se lee en el mensaje de la foto) es Gastón Berardi, de la minera Yamana Gold. “Cuando saqué la foto no dimensioné lo que significaba. Hasta que Enrique Viale me dice ´esa foto es la prueba de todo lo que venimos diciendo en los libros con Marístella Svampa: que el gobierno transa con las mineras, con las empresas, todo el tiempo´”.
Desde los feminismos comunitarios creemos que la vida en comunidad es una relación de respeto entre todas las personas y con la naturaleza.
Chubut tiene la ley 5001, que la protege de los estragos que produce en los territorios la minería a gran escala. ¿Por qué entonces las empresas aún están instaladas y activas en la provincia? ¿Por qué el presidente Alberto Fernández, en diciembre de 2019 en la cena de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) dijo que “en Chubut hemos logrado que en la zona de la meseta podamos explotar oro y plata”?
Belén Branchi, abogada y comunicadora de Radio Sudaca FM comunitaria de Trelew, nos explica: "La ley 5001 fue la respuesta que tuvo que dar el gobierno ante la movilización del pueblo de Esquel y su plebiscito. Pero lo hizo como hacen todos los gobiernos, con la trampa de un artículo que ellos consideran que permite ‘zonificar’ la provincia. Hay quienes entendemos que esto no es así porque el artículo da un plazo de 120 días para hacerlo, y esta ley ya tiene 17 años. En 2012 quisieron imponer un marco regulatorio, lo que nos obligó a estar presentes todo ese año en la legislatura de Rawson para impedirlo. Y fue en ese contexto, que desde las asambleas y comunidades de toda la provincia, tomamos la decisión de impulsar la primer Iniciativa Popular (IP), para ampliar y mejorar la 5001. Porque esta ley prohíbe la explotación, pero permite las otras etapas, de cateo y prospección (etapas de búsqueda de zonas con presencia de mineralización explotable) por eso durante todos estos años las empresas continúan acá y los proyectos siguen habilitándose".
El lobby nunca se detuvo
Las empresas siguen en el territorio, aguardando y trabajando para que algún guiño político les dé vía libre. En abril de este año se conoció la noticia del "acuerdo de opción" entre Yamana Gold y el empresario argentino-israelí Eduardo Elsztain sobre el proyecto minero Suyai, tras 17 años de resistencia del pueblo de Esquel. Este acuerdo establece que, a cambio de una asociación que comparta ganancias, Eduardo Elsztain y Saúl Zang, pagarán un monto inicial de 2 millones de dólares para asegurar la opción, y asumirán la responsabilidad de todos los asuntos ambientales, sociales y de gobierno (“ESG”) y, en particular, liderarán los esfuerzos de permisos destinados a avanzar el proyecto a través de sus diferentes etapas de desarrollo. Por su parte, la empresa Pan American Silver, dueña del proyecto Navidad, (uno de los depósitos de plata más grandes del mundo), ubicado en la meseta norte de la provincia, durante la cuarentena estuvo recorriendo las localidades de la zona repartiendo kits sanitarios y alimentos.
Desde las asamblea tomamos la decisión de impulsar la primer Iniciativa Popular (IP) para ampliar y mejorar la ley 5001 porque esta ley prohíbe la explotación, pero permite las otras etapas, de cateo y prospección"
La empresa refuerza lazos con el poder político de las comunas y municipios donde el Estado está ausente o si llega, lo hace en las camionetas de la minera. Diferentes medios provinciales acaban de publicar una nota firmada por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAPEM), que rápidamente recibió adhesiones de funcionarios promineros y en la que se destaca que "la ley 5001 propició el empleo público en detrimento de la inversión privada”. Incluso aseguran que el éxito de la segunda Iniciativa Popular sería como un "salto al abismo".
El poder económico y político, cada vez con menos éxito en la provincia, "siempre intentó contraponer los reclamos ambientales a los reclamos laborales, buscando oponer a personas y colectivas que reclaman contra una actividad contaminante en contra de quienes reclaman por puestos de trabajo”, explica Pérez Álvarez.
Un nuevo intento con más apoyo popular
“Esta vez seremos muchos más que el 3% del padrón porque hay mucha más conciencia, sobre todo en la costa. En 2014 Esquel presentó 8.000 de las 13.007 firmas. En Comodoro y Madryn, en cambio, no había conciencia aún de lo que sucedía. Hoy eso cambió. Seguramente serán decenas de miles firmas", calcula Nina. “Todo el mundo pregunta dónde hay que firmar, en qué horario, cómo pueden hacer para tener planillas para juntar en sus localidades y barrios. Pero más allá de los números, lo que importa es la sensibilización del pueblo sobre el tema. La conciencia social. En Chubut no hay licencia social para la megaminería".
