(RNMA).- Turquía es un país a los ojos de los estados nación, con una “democracia parlamentaria”. Cuenta con el aval de la Unión Europea ya que, a pesar de todas las atrocidades que comete contra los pueblos que viven en ese territorio, es el país no miembro de la UE que más euros recibe en calidad del acuerdo de refugiados. Y con el de la OTAN, pues es el segundo ejército más fuerte y uno de los que más ganancias genera a la industria armamentista, principalmente europea. Aplasta a la oposición política, la encarcela, la mata, y la masacra. Y en segundo lugar, ese ataque apunta a toda la prensa libre. Es uno de los países con más periodistas tras las rejas y con condenas de muchos años, incluso, cadenas perpetuas. Un informe de Press in Arrest Journalist Prosecutions lo deja demostrado una vez más.
Decir en Argentina #ComunicarNoEsDelito, podría aplicarse en Turquía donde el avance contra la prensa se justifica con “la lucha contra el terrorismo” avalada por una ley antiterrorista similar, aunque un poco más dura, a la sancionada en nuestro país una década y media atrás. Cubrir cualquier noticia contrario a los intereses del estado turco es motivo de acusación de terrorismo. Lo mismo sucede con los medios de prensa: los impresos son allanados y sus editores enjuiciados y encarcelados – como es el caso del periódico kurdo Ozgur Gundem (Prensa Libre) – y los medios digitales son constantemente prohibidos y bloqueados. El estado turco se ampara en una la ley de telecomunicaciones, que tiene un esquema similar a la ley que proponía el macrismo en Argentina hace solo tres años atrás y que fue discutida en comisión parlamentaria de varias provincias y unidades académicas.
Esta semana se presentó en Turquía el informe Anatomía de la persecución a los periodistas en Turquía. El detallado análisis resulta del trabajo desde 2018, donde Press in Arrest revisó y monitoreó casi 600 audiencias judiciales en 240 casos que procesaron a 356 periodistas y almacenó sus datos cualitativos, cuantitativos y narrativos, de manera sistemática en su base de datos. Haciendo uso de estos datos, el informe de Press in Arrest expone el uso sistemático de medidas de derecho penal contra periodistas, dirigidas a sus actividades legítimas. El informe, elaborado y escrito por la abogada y experta en derecho internacional y derechos humanos Ayse Bingol Demir, también determina que Turquía está incumpliendo sistemáticamente sus obligaciones en virtud del derecho internacional.
Anatomía de la persecución a los periodistas en Turquía se centra en cuatro áreas principales que se han identificado como los motivos comunes (pero no excluyentes) que generan violaciones sistemáticas de los derechos de los periodistas en ese país:
• El uso arbitrario del derecho penal y la legislación antiterrorista para atacar a los periodistas: los datos muestran que varias disposiciones del Código Penal y la Ley de Prevención del Terrorismo se utilizan sistemáticamente para atacar a los periodistas. Es evidente que numerosos artículos de estos son demasiado amplios y vagos, y se aplican de una manera que no cumple con las normas internacionales de derechos humanos.
• Detención arbitraria de periodistas: los datos recopilados dejan en claro que el uso arbitrario de arrestos y prisión preventiva se ha convertido casi en una regla general utilizada para frenar la oposición real o percibida a los gobernantes y las críticas al gobierno. Esto a pesar que, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, la privación de libertad de los periodistas por sus actividades periodísticas sólo puede justificarse en casos extremos y excepcionales.
• Incumplimiento del debido proceso y el derecho a un juicio justo en los enjuiciamientos de periodistas: el informe destaca que una serie de derechos al debido proceso garantizados por el derecho internacional, como el derecho a una audiencia pública, los principios de igualdad de armas y la presunción de inocencia están siendo violadas constantemente en casos contra periodistas.
• Falta de independencia e imparcialidad del poder Judicial: El informe encuentra que la composición del Consejo de Jueces y Fiscales (CJP) – institución responsable del nombramiento y promoción de jueces y fiscales, así como de sus destituciones y sanciones disciplinarias- está diseñado de tal manera que no puede ser verdaderamente independiente. Las enmiendas realizadas a la Constitución en 2017 superaron ampliamente el control del Ejecutivo sobre el CJP, sometiendo aún más al organismo a las fuerzas políticas y socavando su independencia.
Para acceder a la versión completa del informe: Press in Arrest: Anatomy of Journalist Prosecutions in Turkey. También puedes acceder a la sección “Libertad de Prensa” de la Agencia FIrat News ANF en Español, donde se informan periódicamente los ataques a sitios de noticias en Turquía y la situación judicial y arrestos de la prensa en ese país
