Antonio Gómez es fiscal general de las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. En diálogo con el programa radial La Palangana (FM 103.7), relató que la empresa Minera La Alumbrera posee tres causas por delitos ambientales, en las tres provincias. La más antigua data de 1998 en donde la Cámara Federal procesó a Julián Rooney, vicepresidente de la empresa, por el agua que se tiraba al Dique El Frontal luego del proceso que se da en la planta de secado.
“Realicé una investigación por mi cuenta y tuve en cuenta informes de la misma minera que daba cuenta de altísimos índices de contaminación, informes de gendarmería, de la secretaría de Minería de la Nación y de algunas provincias. La prueba es sobre-abundante”, remarcó el fiscal.
Todavía no se concretó ningún juicio. “Presentamos recursos de quejas por la demora. Lo último que nos queda es una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, aseguró.
Sobre los delitos económicos Gómez, recordó que Minera La Alumbrera está integrada por dos grupos, una privado y otro estatal. El estatal es Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), una sociedad integrada por representantes del Gobierno de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Gobierno nacional. En el sitio web de la minera se afirma que los derechos de exploración y explotación pertenecen a YMAD.
“La minera le entrega a YMAD el 20% de todas sus ganacias netas. Esos son muchos millones de dólares. El dinero que se reciba la universidad se reparte de la siguiente manera: un 50% queda en la casa de estudios y la otra mitad va al resto de las universidades del país, por eso algunos informes son poco confiables”, explicó.
Además, describió que un científico peruano radicó una denuncia tras estudiar el tipo de roca que se estaba extrayendo de la mina. Al parecer estarían explotando un grupo de minerales ocultos, valuados en 90 dólares por tonelada. “Esto implicaría un engaño a sus socios, es decir al Gobierno“, añadió el fiscal.
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