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lunes, 4 de julio de 2016

EDITORIAL. LAS PENAS SON DE NOSOTROS, LAS VAQUITAS SON AJENAS...

Comenzó el tan esperado por algunos segundo semestre, muchos sabíamos y seguimos sabiendo que este no implica nada más que más de lo mismo. Pero se inaugura, con poblaciones movilizadas por el aumento de las tarifas de gas, con  movilizaciones por paritarias que aún no han sido firmadas, por el nivel de consumo que se desmorona sin llegar nunca al piso, con caídas abruptas en la construcción, con los viejos conocidos que se llenaron los bolsillos en la década del 90 volviendo a hacer sus negociados en obra pública, con un INDEC que niega la realidad publicando estadísticas que parecen una burla, con medios alternativos de comunicación y centros culturales clausurados y con sus elementos de trabajo secuestrados, con la cooperativa Nuevo Diario Argentino desalojada por la fuerza... Mientras tanto los Decretos presidenciales siguen circulando a la orden del día y son de los más variados tintes. Mientras tanto, los medios de comunicación hegemónicos siguen hablando de Messi y del gobierno de la “década ganada” como el culpable de todos nuestros males.

Entre los días 1  y 3 de julio, aparece en diferentes medios, la noticia de la modificación por Decreto de la Ley de Tierras. “A través del decreto 820/2016, el presidente Mauricio Macri modificó la Ley de Tierras Rurales, votada por el Congreso en diciembre de 2011, que limitaba la compra de tierras por parte de extranjeros. Entre las modificaciones decretadas, el Gobierno amplió del 25 al 51 por ciento la participación de extranjeros en las sociedades autorizadas a comprar tierras en el país.” (Diario Página 12, 01/06/2016). La ley 26737 establecía que solo el 15% del territorio nacional, provincial o municipal podría destinarse al desarrollo industrial y que las personas físicas o jurídicas de nacionalidad extranjera no podían ser titulares de mas del 30% del porcentaje total asignado a extranjeros para poseer tierras (15% sobre el total de tierras rurales). 

La ley N° 26737 tiene como fin poner limites a la titularidad de tierras rurales en manos de extranjeros. Con la excusa de promover inversiones en el país esta ley se ve modificada por el decreto 820/2016. En el decreto se hace mención de los nuevos porcentajes de tierra que un extranjero puede adquirir como persona jurídica, pasando estos de un 15% a un 20% del total de la superficie provincial o municipal destinada según sea esta a “desarrollo industrial o agropecuario”, en tanto, y quizás lo mas grave, sólo serán considerados titular extranjero quien posea más del 51% del capital social de una persona jurídica (sociedades), dato no menor, ya que la ley definía como extranjero a quien poseía el 25% del capital social. Otra cosa que se modifica, es que se establecía para extranjeros el límite de titularidad de 1000 hectáreas o su “equivalente en zona núcleo”. El decreto refiere a la zona núcleo, específicamente a las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, pero deja en una nebulosa a lo que sucede en otras provincias con zonas rurales que podrían pensarse también plausibles de desarrollos, sean agropecuarios, industriales o quizás en el futuro se decreten “turísticos” también...  El conflicto se produce cuando se toma la “medida de 1000 hectáreas” o su “equivalencias” en otras zonas, si la equivalencia se mide en productividad, cuantas hectáreas de Patagonia se necesitan para ser equivalentes en productividad a la zona núcleo? Que no se las mencione es más peligroso que si hubieran estado presentes en el decreto, ya que la ambigüedad, y lo sabemos por experiencia, es la ventana a que se produzca venta de tierras en zonas ricas en otros recursos. El decreto deja en manos de las provincias establecer las equivalencias, pero aclara que de no producirse en tiempo y forma o acorde a lo establecido por los organismos mencionados, estos pueden proceder a realizar las equivalencias y determinarlas. 
Si bien el decreto hace mención de la necesidad de que los Organismos especializados identifiquen y establezcan las zonas de acuíferos y cuencas hídricas, ya que estas son por ley soberanas, ¿qué sucedería con los mallines, característicos de la zona donde nos encontramos? ¿Qué sucede si las provincias de Río Negro o Chubut no establecen las equivalencias ni identifican las zonas hídricas? Sabemos por experiencia, a quienes benefician estos decretos con la excusa de las inversiones agropecuarias. La Patagonia está por ser subastadas. Está en nuestras manos que hacemos para evitarlo. 
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