Buenos Aires (RNMA).-Luego de muchas idas y vueltas judiciales, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación deberá resolver si cuatro artículos
(41, 161 en su totalidad y 45, 48 parcialmente) de la ley de medios
son constitucionales o no para aplicárselos al grupo Clarín.
La decisión de la Corte, ya sea a favor de la validez o por la
inconstitucionalidad de esos artículos, no comprende al resto de la ley
aprobada por el Congreso, que continúa vigente y aplicable desde su
promulgación.
La aclaración vale para entender que no está en juego –nunca lo estuvo-
toda la ley ni tampoco la aplicación integral de la misma para el resto
de los actores, dentro de los cuales hay otros grupos oligopólicos que
ya han presentado sus planes de adecuación a la ley (en general son
propuestas de transferencias interfamiliares más que adecuaciones al
espíritu de la norma).
Esto es así por cuanto las acciones ante la Justicia han sido interpuestas solamente por el grupo Clarín.
La audiencia pública informativa, convocada por el máximo tribunal para
el próximo 28 de agosto - como paso previo a su fallo-, permitirá que
cinco amicus curiae del Gobierno Nacional y cinco del grupo Clarín
esgriman sus argumentos a favor y en contra de la constitucionalidad de
los artículos. Si el fallo es por la inconstitucionalidad, sólo
alcanzará al Grupo Clarín en cuanto a la aplicación de los cuatro
artículos. Los otros grupos deberán cumplir con la ley salvo que
también inicien acciones legales. Sin embargo, de ser el fallo a favor
de Clarín se podría suponer que la AFSCA no avanzaría en la desinversión
con los demás grupos concentrados de medios.
Desde la AFSCA se afirma: “Si queremos lograr la incorporación de nuevos
actores primero debemos avanzar en la desconcentración. Por eso nuestra
preocupación es que se destrabe la situación judicial para avanzar en
el cumplimiento íntegro de la ley”.
Que el gobierno y la AFSCA continúen sosteniendo la estrategia de que
la aplicación integral de la ley está supeditada al fallo de la Corte
solo puede entenderse como una decisión política. Entonces, en caso de
que los artículos se declaren inconstitucionales (es una posibilidad ya
que los votos están divididos) esto llevaría al gobierno, como hasta
ahora, a seguir por el camino de dilatar su aplicación o hacerlo
parcialmente.
En esta disputa binaria, reafirmamos nuestra histórica posición
anti-monopólica y desconcentradora que recogen los artículos
cuestionados por el grupo Clarín. También recordamos nuestro histórico
reclamo de la anulación del decreto 527/05 que beneficia a varias de las
corporaciones que deberían desconcentrar. Y, al igual que lo
hiciéramos el 7D, le decimos NO tanto a los monopolios privados como a
los gubernamentales.
A 4 años..sin Plan Técnico ni 33%
A dos meses de que se cumplan los 4 años de sanción de la ley vemos con
preocupación la situación de nuestro sector - el de los medios
comunitarios, alternativos y populares – al que se lo cita cada vez que
se desea mostrar cuán democrática es la norma.
Se avanza en el reparto del espectro sin cumplir con lo que la ley exige
como condición previa: la elaboración del Plan Técnico. Este mapeo del
espectro permitiría, en primer lugar saber cuanto está ocupado y por
quienes y cuánto está libre. Y luego planificar la reserva del 33 %
para los prestadores sin fines de lucro, según marca la ley, lugar en
el que deben tener prioridad los medios de nuestro sector, como
expresión de diferentes actores sociales y políticos con su diversidad
de voces y de discursos.
Más allá que existan zonas del país en que ese 33% no sea ocupado hoy en
su totalidad, el Estado debe tener una política de promoción y ayuda
para el desarrollo y la multiplicación de estos medios.
La elaboración del Plan Técnico de un espectro finito, debe obedecer no
solo a criterios técnicos sino también a una política que desde el
Estado consista en la socialización del espectro para dar cabida a
multiplicidad y diversidad de sectores como garantía real de la
democratización de la comunicación.
Licencias, autorizaciones y adjudicaciones directas
Sin haber elaborado el plan técnico ni hecho la reserva del 33%, desde
octubre de 2009 hasta fines de julio de este año se han entregado 895
autorizaciones de FM a los tres prestadores que enuncia la ley: de
gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión
privada sin fines de lucro. De ese total, sólo 28 fueron para entidades
sin fines de lucro. Es decir, un 3,1 %, muy lejos del 33% previsto en la
ley.
Autorización (art.37 y 149) y adjudicación directa (art.49) son dos
mecanismos que la ley prevé para entregar licencias sin concursos.
En el primer caso es para los estados (nacional, provincial, municipal),
la Iglesia Católica, los Pueblos Originarios, las Universidades
Nacionales e institutos universitarios y las escuelas públicas. Son
otorgadas por tiempo indeterminado (artículo 40). En el segundo para
los medios de muy baja potencia y en tanto exista disponibilidad del
espectro. Además la AFSCA ha avanzado en la entrega de licencias a
quienes viene con permisos provisorios anteriores a la sanción de la
nueva ley, muchos desde el menemismo, tal como lo permite la norma.
Otro interrogante es cómo se encuadra la reciente entrega de una
licencia FM para la Corporación del Mercado Central dependiente de la
Secretaría de Comercio Interior conducida por Guillermo Moreno.
Salta a las claras que sin Plan técnico, no es posible controlar que
se esté respetando la reserva del 33 % del espectro para las entidades
sin fines de lucro y por ende se estén entregando licencias en forma
discrecional.
La mayoría de los 895 medios que recibieron autorizaciones estaban
operativos pero muchos de ellos en forma posterior a octubre de 2009, en
especial los estatales. Por eso resultan inexplicables las reiteradas
negativas a reconocer y legalizar a los medios comunitarios,
alternativos y populares, mucho de cuyos proyectos son anteriores a la
sanción de la nueva ley.
Es decir, o se dan licencias, autorizaciones y adjudicaciones directas
solo después de elaborar un plan técnico, o se reconoce en igualdad de
condiciones a los medios operativos y se les entregan licencias a los
medios de nuestro sector.
Otros reclamos sectoriales
Uno de los reclamos de fondo que realizamos desde que se inició el
debate del anteproyecto que luego fue ley, es el del reconocimiento de
nuestro sector en forma diferenciada del resto de las entidades sin
fines de lucro. Esto no ha sido recogido ni en el texto de la ley, ni de
la reglamentación y tampoco en los intentos de aplicación de la norma.
Los hechos lo demuestran: idénticos pliegos para los concursos, los
mismos trámites burocráticos, costosas verificaciones técnicas para los
equipos, locutores y operadores matriculados, pago a gestoras de
derechos, pago de tributos y formas jurídicas que en muchos casos no se
condicen con la manera que tienen estos medios para organizarse. Además
de colocarnos en el mismo espacio de disputa del espectro con
fundaciones y asociaciones que en muchos casos tiene gran poder
económico y político.
La ley también prevé (artículo 97) destinar el 10 % de los fondos
recaudados por la AFSCA a proyectos especiales de comunicación
audiovisual y servicios de comunicación audiovisual de medios
comunitarios, de frontera y pueblos originarios.
Recién en julio de este año AFSCA firmó la resolución 1716/13 por la
cual llama a concurso a estos medios para que presenten proyectos que,
luego de ser evaluados por un jurado ad hoc recibirán subsidios de
entre 100 mil y 200 mil pesos. Se destinan 3 millones de pesos pero
AFSCA no ha informado cuál es el total recaudado desde 2009 a la fecha
que, según informaciones recogidas, superarían los 60 millones. Para
poder concursar se necesita como condición sine qua non tener licencia,
autorización o reconocimiento (por 753/06 del Comfer) y en la actualidad
son solo un puñado de medios que en nuestro sector pueden cumplir con
esa exigencia.
Los fondos que se entregarán antes de las elecciones de octubre – y que
en el mejor de los casos llegarán a 30 medios - deberán ser ejecutados
antes de fin de año. Para que esto pueda lograrse, recibirán más los
medios que están en mejores condiciones organizativas y de estructura
para poder invertirlos en menos de tres meses.
Esta situación despierta nuestra preocupación no sólo respecto a la
discrecionalidad en la entrega de los fondos sino a que quienes sean los
destinatarios no sean los medios que más lo necesiten.
Además queremos llamar la atención sobre las situaciones de
interferencias que son expresión de la falta de aplicación de la ley por
parte de AFSCA, generando una especie de “ley de la selva” en la que
los medios comunitarios, alternativos y populares son interferidos por
medios comerciales (FM La Caterva en Buenos Aires y Giramundo TV en
Mendoza), intereses extranjeros (Radio El Algarrobo de Catamarca y Radio
La Negra de El Bolsón) o fundaciones de vinculaciones políticas con el
poder (Radio Quinta Pata de Córdoba).
Finalmente, sostenemos que para el objetivo de democratizar la
comunicación es imprescindible que la distribución de la publicidad
oficial sea transparente y no se la utilice como premio o castigo con
cualquier gobierno de turno. Hay pautas establecidas para ello desde la
Relatoría de la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
Otro 7D
Desde la Red Nacional de Medios Alternativos venimos sosteniendo que la
democratización de la comunicación, la diversidad y pluralidad de voces y
discursos excede a la disputa binaria Clarín-Gobierno.
Decíamos en nuestro documento Antes y Después del 7D, Somos Comunicación
(1) que democratizar es mucho más que desinvertir, que la
desconcentración no es el único paso para multiplicar voces y discursos y
que la adecuación de los monopolios mediáticos a la nueva ley no
garantizará por sí sola la democratización de la comunicación. La
transferencia de licencias que excedan el tope que marca la ley se hará
entre privados que las mismas corporaciones definan. Por lo tanto no se
liberará espectro que pueda llegar a ser parte del 33%. Estamos
hablando de un proceso de desconcentración que afectaría a 500 de las
5000 licencias que la AFSCA calcula existen en todo el país.
La RNMA manifestó públicamente, desde el principio del debate de la ley,
la mayoría de estas opiniones críticas en cuanto al texto de la norma y
también de su aplicación. Estas posiciones críticas – fruto de nuestro
análisis y de nuestras prácticas cotidianas - que parecieron duras
entonces, hoy son sostenidas por muchos actores de la vida social y
política, entre ellos otros nucleamientos de medios de nuestro sector.
Desde la RNMA seguimos afirmando que la comunicación no empieza ni
termina por los medios que son parte de una estructura monopólica sea
privada o gubernamental. Por eso afirmamos que sin las voces que se
hacen oír desde sus propios medios, la democratización será parcial. Sin
la legalización de los medios comunitarios, alternativos y populares,
que ya son legítimos, no habrá democratización plena. La democracia a
medias no existe: la pluralidad de voces y discursos es la única
herramienta para alcanzar ese objetivo.
(1) http://www.rnma.org.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=1592&Itemid=29
Argentina, agosto de 2013
Red Nacional de Medios Alternativo
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