CORREPI repudia la asonada del aparato represivo del Estado.
El conflicto por la paga de los prefectos y gendarmes, que
se ha extendido por todo el país, y que amenaza con extenderse a otras fuerzas
represivas, pone en evidencia la
verdadera naturaleza de su despreciable función.
Con este motín, una falsedad queda al descubierto: no existe
la profesionalización ni la democratización de las fuerzas represivas como
garantía de paz social. La represión es, antes que nada, expresión del
monopolio de la violencia del Estado, en una sociedad con privilegios de clase.
La naturaleza del reclamo (estrictamente monetario) pone
también en evidencia otra falsedad: no es sindicalizando a las fuerzas de
represión como se logra desbaratar su enorme capacidad de violencia sobre el
pueblo pobre. La sindicalización, sólo mejora su relación con el Estado, pero
no cambia la perversa naturaleza de su razón de ser.
Los prefectos, gendarmes, y el resto de los represores, no
son trabajadores; no se trata de una huelga, sino un motín o asonada. La
obtención de sus objetivos, más que acercarlos al pueblo, los envalentonará aún
más para ejercer la función para la que existen: reprimirlo.
El hecho de que los policías provengan en gran medida del
pueblo no significa nada. Es la existencia la que determina la conciencia. Y la
existencia no se encuentra determinada por la percepción de un salario sino por
la función social que se ejerce. Aquél que, perteneciendo por origen a la clase
trabajadora, se vuelve policía, es un policía de la burguesía y no un
trabajador. Todo policía está entrenado para reprimir al pueblo cuando éste se
moviliza por sus justas reivindicaciones. Además, saben que los gobiernos
cambian, pero la policía permanece.
La relación entre la clase dominante y el pueblo pobre es la
de una guerra de clases, algunas veces más evidentes, otras, más larvada.
Aunque se la disfrace mediante discursos que apelan a la paz social o a la
justicia social, a la igualdad de oportunidades o de derechos, a la naturalidad
del dominio de un ser humano por sobre otros, no significa que, porque las
fuerzas represivas encaren un reclamo salarial, hayan abandonado, por un
segundo, su función de perro guardián. Morder y cumplir la función del perro,
no implica ser el amo. El perro le pertenece al amo, le obedece, cumple.
Es la naturaleza misma de su despreciable función, la que
torna insostenible el argumento de "si los ganamos, si los aparateamos, si
conseguimos que se autodepuren y defiendan organizados, como trabajadores,
entonces quebramos al sistema opresor".
Casi la misma "lógica-absurda" que los quiere
profesionales y democráticos.
Estamos ante quienes postulan el posibilismo, esa
despreciable posición para legitimar al capitalismo desde posiciones
presuntamente progresistas; es decir, de quienes no se atreven a ser
abiertamente capitalistas.
Todas las experiencias de sindicalización (en Argentina
existen varias agrupaciones o asociaciones de policías y miembros del aparato
represivo del Estado) conducen inexorablemente a mejorar la capacidad de fuego,
y las condiciones en las que ejercen la represión.
El sistema capitalista no se concibe sin trabajadores
disciplinados para tolerar los niveles de explotación y alienación. Cualquier
atisbo de levantamiento provoca la suelta de la jauría. Porque no pueden
prescindir de los trabajadores, necesitan todavía más de la policía, gendarmes,
prefectos y todo pedigree por el estilo.
Los reclamos por la paga, son mostrados por derecha, y por
alguna izquierda también, como un reclamo laboral más. Con esposas e hijos
aplaudiendo a columnas de uniformados que entran vociferando mientras
entorpecen el tráfico, el panorama se parece mucho al de los numerosos reclamos
que se formulan los trabajadores.
La diferencia - entre otras-
es que en estos reclamos no hay nadie legitimado con balas y gases
amenazando con reprimir.
Los reclamos por la paga de prefectos y compañía, llevan a
graves preocupaciones de funcionarios y legisladores, que intentan rápidamente
disolver el conflicto cumpliendo con cada uno de los requerimientos, a
diferencia de cuando el recorte se opera sobre los salarios de los empleados
públicos.
Se trabaja en las fábricas y en los comercios, se trabaja en
las obras y en el campo, en la montaña y en el agua, se trabaja en las oficinas
y en los hospitales, en espacios públicos y privados.
Formando parte del aparato represivo, NO SE TRABAJA, SE
CUMPLE LA FUNCIÓN DE
DISCIPLINAR Y CONTROLAR A LOS QUE TRABAJAN, lo que impacta en la subjetividad
de la clase trabajadora.
Eso se hace, con o sin profesionalismo, con o sin
instrucción democrática, con o sin cursos de derechos humanos, con o sin
sindicalización. En todos los casos, quienes cumplen esa función inherente al
monopolio de la fuerza por parte del Estado, reciben también otros favores de
parte del mismo Estado a la hora de examinar sus conductas (impunidad,
ventajas, beneficios procesales, asistencia jurídica, etc). Y no es casual que
salgan a exigir más beneficios cuando más visible se hace la necesidad que el
gobierno de turno tiene de las que la ministra llama sus "fuerzas de
confianza", las "profesionales", las "no corruptas",
para invadir los barrios, patrullar las calles y prevenir, con la invasión
uniformada, cualquier atisbo de más organización popular.
Lo que verdaderamente importa, es que esté garantizado ese
monopolio del ejercicio de la fuerza
para desplegarla contra las masas.
Recordamos que los que reclaman, son los mismos que hace
poquitos días desalojaron salvajementela Panamericana y apalearon y metieron
presos a 60 trabajadores en Campo de Mayo (por primera vez desde 1983), cuando
se conmemoraba el día del detenido desaparecido, por orden de un ex
carapintada, segundo de la ministra más "progre" del "gobierno
de los derechos humanos"; los mismos que en 2005 y 2006 militarizaron y
torturaron en Las Heras y reprimieron a los trabajadores pesqueros en Mar del
Plata; los mismos que, en 2007, reprimieron a los trabajadores del Casino; los
mismos que se infiltran y espían trabajadores con el "Proyecto X"; en
fin, los mismos que, en 1999, asesinaron a Mauro Ojeda y Francisco Escobar en
el puente de Corrientes, cuando la ministra más "progre" del
"gobierno de los derechos humanos", era la viceministra del Interior
del gobierno de la Alianza.
Buenos Aires, 3 de octubre de 2012.-